Nueva ley sobre ascensores inquieta a las comunidades

Administradores afirman que aunque la nueva normativa ya está en vigencia, hasta hoy sólo cinco empresas certificadoras aparecen en el registro del Minvu. Además, señalan, las nuevas exigencias significarán fuertes inversiones en los edificios.

“Vemos con preocupación que la nueva Ley 20.296 sobre ascensores, que obliga a las comunidades a certificar a estos medios de transporte, ya está en plena vigencia y hoy sólo existen cinco empresas certificadoras inscritas en el registro del Minvu, para un universo de 30 mil ascensores en Chile”, afirma Juan Carlos Latorre Nagel, presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile (CGAI).
Coincide con él Renato Deformes, presidente del Registro Nacional de Administradores, quien señala que la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones para mantención y reparación de ascensores ha sorprendido ingratamente a los administradores y a las comunidades. “Digo esto, porque del análisis de muchas conversaciones con miembros de nuestro registro y con otros administradores independientes se desprende que el nivel de desconocimiento es enorme, y mucho más aún en los copropietarios miembros de los comités de administración de los edificios”.
Además, Juan Carlos Latorre ve con preocupación que las altas exigencias de la ley generarán un escenario para el cual muchas comunidades no están preparadas. O bien desconocen.
Grave efecto
“Si se aplica la nueva ley sobre transporte vertical en su integridad, muy pocos ascensores -por no decir ninguno- saldrían aprobados en la certificación técnica periódica que exige la Ley 20.296. Y no porque estén necesariamente en mal estado o sean riesgosos, sino simplemente por la gran cantidad de exigencias que impone la normativa, que van mucho más allá de una operatividad y seguridad adecuadas”, asegura Latorre.
El gran inconveniente, dice Aníbal Ahumada, gerente general de la CGAI, es que muchas comunidades no cuentan con los fondos necesarios para enfrentar estas obras, que en muchos casos supondrán varios millones de pesos.
Jorge Wilson, presidente del Centro de Estudios Condominales, cree que este factor económico traerá bastantes conflictos en las comunidades. “Independiente de las dificultades propias de una nueva norma, que obliga a informarse y disponerse para cumplir sus indicaciones, está la necesidad de contar con nuevos recursos para financiar las exigencias que se han incorporado, para conseguir el gran objetivo de aumentar los estándares de seguridad a quienes utilizan los ascensores. Esos nuevos recursos harán subir los gastos comunes, y es sabido que cada vez que esto ocurre se nubla la vista de algunos copropietarios, disminuyendo su capacidad de razonamiento y generando en ellos todo tipo de reclamos e injustas críticas a la gestión administrativa”.
Alza de precios
Afirma Renato Deformes, que otro problema delicado “lo crea el tema tarifario. Esta desinformación, sumada a la existencia de un puñado de empresas certificadas, podría llevar el costo de las mantenciones a niveles de precio muy por encima de la media actual; esto, por el simple efecto de oferta y demanda”.
Y otra duda que inquieta a los expertos en comunidades es qué sucede con los contratos de mantención actualmente vigentes.
“En el listado actualizado de certificadores se encuentran ausentes la gran mayoría de las empresas más importantes del sector, con lo que a nosotros se nos crea una enorme complicación al desconocer qué sucede con los actuales contratos de mantención suscritos con empresas que hoy no están certificadas. Por lo tanto, de acuerdo con la legislación vigente, podría tratarse de contratos con claros vicios de legalidad. Bajo el supuesto de este estatus, ¿qué sucedería si ocurre hoy un accidente? Sería un evento ocurrido durante la vigencia de un contrato ilegal, con una empresa no certificada y, por lo tanto, con clara violación a la norma vigente”, señala Renato Deformes.
Latorre, en tanto, cree que es muy poco probable que la autoridad eche pie atrás respecto de la normativa y sus exigencias, pero cree -sin perjuicio de la obligación que existe de cumplir con las leyes vigentes- se debe buscar flexibizar su cumplimiento por un tiempo, para hacer una labor informativa con las comunidades y para que éstas logren aunar los recursos para afrontar estos gastos.
Posibles soluciones
En este sentido, Juan Carlos Latorre señala que para subsanar el tema del financiamiento de estas mejoras en los ascensores es fundamental avanzar en la modificación de la Ley de Copropiedad. “Por ejemplo, es esencial que ésta permita crear fondos para fines específicos, como podría ser la modernización de ascensores, y realizar cambios en ciertos quórums necesarios para la toma de decisiones, lo que permitiría agilizar ciertas decisiones”.
Por su parte, Jorge Wilson afirma que tanto en expertos como autoridades existe un “consenso para hacer urgentes modificaciones al flamante D.S. 22, que regula la materia, e incorporarle aspectos aún no tratados”.
Pero dice que es mejor no confiarse con un posible cambio legal y tomar medidas para avanzar en el tema. No dejar las cosas para última hora. “Si bien hay comunidades que están tomando medidas para incorporarse a las nuevas indicaciones de forma adecuada, debemos suponer, sin miedo a equivocarnos que, al igual que gran parte de nuestra sociedad, las comunidades actúan generalmente de manera reactiva ante las distintas situaciones. Este tema no es una excepción, más aún cuando persisten dudas razonables de la aplicación de la Ley 20.296″.
Requisitos
La nueva ley de transporte vertical obliga que a los ascensores se les haga mantención una vez al mes y que sean certificados cada dos años, si el edificio es sólo residencial.
En caso de que no se hayan hecho las mantenciones obligatorias y/o que las instalaciones no se encuentren en condiciones de funcionar, el propietario deberá clausurar temporal o permanentemente la instalación para realizar las obras de reparación.
Las certificaciones deberán ingresarse a la respectiva Dirección de Obras.

Fuente: “El Mercurio”/ Periodista: Felipe Álamos

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